La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una de
cada seis parejas tiene inconvenientes para gestar niños por
medios naturales y sólo el 6% puede acceder a un tratamiento
de fertilización artificial debido a su alto costo. En la
Argentina, se estima que un 10% a 15% de las parejas pueden
acceder. Por esto, en la provincia de Buenos Aires se
sancionó una ley que obliga a los hospitales públicos, las
obras sociales y las empresas de medicina prepaga a otorgar
estas prestaciones. En el Congreso Nacional hay varias
iniciativas, prontas a salir, que estipulan la misma
obligación. La exigencia de cubrir métodos de fertilización
tendrían una razón de justicia redistributiva: las personas
con problemas de concepción natural deben tener la
posibilidad de acceder a métodos asistidos.
Pero, desde el punto de vista sanitario: ¿es recomendable
obligar a otorgar técnicas de fertilización asistida? Un estudio científico publicado en la revista New England Journal of Medicine analiza el impacto que en EE.UU. tuvo la
incorporación obligatoria de las fertilizaciones in vitro en
la cobertura de los seguros de salud de ese país (Cuadro 1).
La comparación pudo hacerse porque en algunos estados la cobertura es obligatoria mientras que en otros es voluntaria. En los estados donde la cobertura no es obligatoria, la tasa de fertilizaciones in vitro es de 121 x 100.000 mujeres y los nacimientos son 31 x 100.000 mujeres. En cambio, en los estados donde se estipula la obligación de otorgar cobertura total en fertilización in vitro, la tasa de frecuencia se multiplica por 3. Es decir, las mujeres que se realizan esta intervención son 335 x 100.000 y la tasa de nacimientos más que se duplica pasando a ser de 76 x 100.000. En principio, esto sería positivo. Cuando hay cobertura social obligatoria mucha más gente puede acceder a la fertilización in vitro y hay más nacimientos. Pero desde el punto de vista sanitario hay un problema grave.
Las evidencias también señalan que la multiplicación de las
fertilizaciones in vitro multiplican los partos múltiples.
Donde la cobertura no es obligatoria, se producen 12 partos
múltiples x cada 100.000 mujeres, pero la tasa pasa a ser de
27 x cada 100.000 mujeres donde la cobertura es obligatoria
(Cuadro 2). Lo que sucede es que la técnica de fertilización
in vitro es más riesgosa que la concepción natural. Al
multiplicar las fertilizaciones, se multiplican los partos
múltiples.
Esto tiene enormes connotaciones sanitarias. El costo en recursos para atender los múltiples nacimientos puede llegar a ser entre 4 y 11 veces más caros que un parto único. Además, los nacimientos múltiples traen asociados riesgos de corto y largo plazo para la mujer y los niños como nacimiento prematuro, hipertensión, diabetes gestacional, hemorragia, disfunción respiratoria, craneana y cerebral, discapacidades motoras y mentales. Los partos múltiples son el "efecto no deseado".
En conclusión, aparenta ser una reparación de justicia distributiva la provisión obligatoria de métodos de fertilización asistida. Desde el punto de vista sanitario, las evidencias científicas sugieren que tiene efectos colaterales no deseados de alto impacto sanitario. Si el objetivo es el bien común –y no la demagogia– la incorporación de técnicas de fertilización asistida a la cobertura social debería estar enmarcada en reglas muy estrictas de acceso y monitoreo (que no están presentes en las iniciativas imperantes).
Además, si se aspira a que la intervención sea "gratuita" para el usuario se deben garantizar los recursos económicos adicionales, porque fijar derechos sin recursos es una falta de responsabilidad legislativa que a los únicos que termina beneficiando es a los profesionales de la letigiosidad indebida.
